Un error legal deja con un pie en la calle a decenas de científicos punteros

Un cambio en la ley impide a fundaciones públicas renovar a sus investigadores y pone en peligro estudios sobre el cáncer y las enfermedades cardiovasculares


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El grupo de Massimo Squatrito (izquierda), amenazado por el enredo legal. CNIO

“Las nuevas restricciones de contratación a las que hace referencia la ley afectan a más de 80 trabajadores del centro hasta diciembre. Más de 10 contratos podrían verse afectados este mismo mes de septiembre. Y las cifras pueden superar el centenar en el próximo año”, alerta la dirección del CNIO en respuesta a preguntas de Materia. “Mostramos nuestra máxima preocupación ante esta grave situación, que puede ser dramática en el caso de algunos grupos o departamentos que perderían a la mayoría de su personal en los próximos meses”. El CNIO es uno de los mejores centros de investigación del cáncer del mundo.

Otro de los equipos más afectados es el del bioquímico Óscar Fernández Capetillo, líder del Grupo de Inestabilidad Genómica del CNIO. Él ha sido elegido por la prestigiosa revista Cell como uno de los científicos más prometedores del planeta, por sus estudios sobre el cáncer y el envejecimiento. Ahora, alerta de que la nueva normativa es “mortal” para equipos como el suyo, con científicos excelentes fichados para proyectos punteros concretos con financiación europea.

Otra de las instituciones golpeadas es el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), también en Madrid. La dirección de la institución ha comunicado al comité de empresa que este enredo legal afectará a unos 30 trabajadores de aquí a finales de año. Dos ya no forman parte de la plantilla, según fuentes del comité.

El enredo legal pone en peligro la renovación de 80 trabajadores del CNIO y de otros 30 del CNIC

En los últimos años, trabajadores temporales del CNIC y de otros centros científicos han llevado sus casos a los tribunales y han conseguido que los jueces reconozcan su situación de indefinidos, según las mismas fuentes. Los gerentes, ahora vistos como responsables por la nueva ley, rechazan renovar contratos que puedan suponer en el futuro una declaración judicial de indefinido no fijo.

“Además, las fundaciones del sector público tienen restringida la contratación indefinida. Se encuentran en una situación en la que no pueden renovar los contratos temporales y no pueden hacer contratos indefinidos, lo que está llevando a la pérdida de empleo en estos centros de personal muy cualificado”, subrayan las fuentes del comité de empresa.

"Hay empleados del CNIC que se verían afectados por esta normativa, pero nos consta que desde los organismos públicos involucrados están haciendo todo lo posible por solucionarlo con la mayor rapidez", sostiene el cardiólogo Valentín Fuster, director general del CNIC. Su institución se puso en contacto este verano con otros posibles afectados, como el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, para pedir juntos soluciones a la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela.

“Estamos trabajando para que en la Ley de la Ciencia se incluya entre las excepciones a todos los agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación”, afirma un portavoz del gabinete de Vela. Su estrategia principal era introducir este cambio a través de los Presupuestos Generales de 2018, pero la crisis de Cataluña y la falta de apoyos del Gobierno de Mariano Rajoy amenazan con retrasar su aprobación hasta el año que viene. Decenas de científicos punteros pueden quedarse en la calle antes. “Vamos a buscar soluciones caso por caso si hace falta”, asegura el portavoz.

“NO SABEMOS QUÉ VA A PASAR CON NOSOTROS”

El estupor se ha adueñado del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), situado en la vanguardia mundial de la lucha contra el cáncer. Unos 80 de sus 464 trabajadores están afectados por el surrealista barullo legal creado alrededor de la Ley de Presupuestos Generales de 2017 y de la Ley de la Ciencia de 2011. El 17% de la plantilla, con su nombre escrito en una lista negra, se siente con un pie en la calle.

“Lo peor es que no tenemos noticias. No sabemos qué va a pasar con nosotros”, lamenta el genetista Massimo Squatrito, que llegó hace cinco años procedente del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering de Nueva York. El grupo que dirige en el CNIO dispone de 300.000 euros para investigar tumores cerebrales, gracias a ayudas de entidades privadas como la Fundación Seve Ballesteros, la Asociación Española contra el Cáncer y la Fundación BBVA. “No es un problema de dinero, es un problema burocrático”, comenta todavía sin dar crédito.

El contrato de cinco años de Squatrito termina el 29 de octubre. Ha superado todas las evaluaciones científicas para su renovación, pero la nueva normativa amenaza con expulsarlo de su propio laboratorio. “Hay estudiantes que se pueden quedar sin grupo en medio de su tesis doctoral”, advierte. “Y de todo esto nos hemos enterado el 14 de septiembre, hace dos semanas”. Su centro, el CNIO, parece por el momento el más afectado por la nueva legislación. La dirección del organismo, con la bioquímica María Blasco al frente, es ahora la más combativa a la hora de denunciar el caos generado.

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